Esta banda es considerada la “joya de la corona”, ya que al ser una de las bandas más bajas para la prestación de los servicios móviles de voz, datos y video, permite a los operadores hacer menores inversiones para ofrecer mayor cobertura y mejores servicios. Es una banda clave para la evolución a los servicios móviles de quinta generación (5G).

Al ser una banda del espectro clave, los entes reguladores y los gobiernos ven allí una gigantesca fuente de ingresos. El país se enfrenta entonces al reto de definir el precio base adecuado de la subasta, de manera que permita al gobierno recibir importantes recursos para el desarrollo del país en los próximos años, sin que ello imponga una restricción en términos de la cantidad de operadores con capacidad para participar en el proceso de subasta, y que de igual manera quienes sean adjudicatarios de las licencias puedan desarrollar sus planes de negocio e inversiones para ofrecer más y mejores servicios a precios razonables.

Si bien Colombia es uno de los países de la región con un marco regulatorio estable y moderno, es de los pocos en los que existe una entidad regulatoria separada para los servicios de televisión, situación razonable para el sector una década atrás, pero dada la evolución que ha tenido el servicio de televisión en los últimos años, hacia contenidos personalizados vía Internet, o a contenidos “Premium” en la televisión por cable, se hace necesario un replanteamiento del sector, empezando por los entes reguladores.

Al respecto, aunque se han presentado diversas propuestas para tener un único ente regulador del sector, hasta el momento ninguna ha sido aprobada, debido principalmente a la enorme cantidad de recursos que el gobierno nacional recibe por los ingresos de los servicios de TV de los distintos operadores, y que utiliza para la promoción y el despliegue de la TV pública. Este es un reto que deberá abordar el nuevo gobierno, pues al haber ingresado a la OCDE, Colombia tiene asuntos y compromisos pendientes en este aspecto.

En la siguiente gráfica se muestra una comparación con el diagnóstico del estado del sector en Colombia, frente a los países andinos (PA), la región de América Latina y el Caribe (ALC), y la OCDE.

Colombia carece de indicadores de medición del grado de digitalización de la economía, lo que ha dificultado la adopción de políticas públicas y acciones encaminadas al desarrollo de la economía digital. En este sentido, desde las entidades de regulación del sector deben definirse un conjunto de indicadores, entre los que podrían incluirse algunos como el uso y el grado de adopción de las TICs por parte de las PYMEs, encaminados a la medición y seguimiento de la economía y del ecosistema digital, y que sirvan de soporte para la definición e implementación de políticas públicas.

En este aspecto, ya hay un avance desde el MINTIC, y se tienen esbozados planes incipientes para la economía digital, como lo presenta dicha entidad en un reporte publicado en enero de este año.

En resumen, el sector está necesitando de:

• Ajustes orientados a un ente regulador convergente y unificado para toda la industria.
• La definición del cronograma para la subasta de la banda de 700Mhz (que muy probablemente se resolverá en el cuatrienio 2018-2022).
• La definición de métricas para la economía digital y el desarrollo de la transformación digital en el país.

Todas estas definiciones seguramente estarán en la agenda del nuevo gobierno, y deberán ser consistentes con otras políticas del gobierno nacional. Asuntos que tendrán una clara incidencia en la redefinición del rumbo del sector y de su competitividad.